El BOE del 7 de marzo de 2019 publicó el Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, que inciden de forma directa en la igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo entre otras medidas, la obligatoriedad de que, a partir del 7 de marzo de 2022, las empresas que tengan entre 50 y 100 personas trabajadoras posean un Plan de igualdad.
El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a eliminar la discriminación por razón de sexo en las empresas para alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
El diagnóstico previo al plan, que debe ser negociado con la representación legal de las personas trabajadoras y elaborado en la comisión negociadora de dicho plan, es el análisis que permitirá detectar aspectos o ámbitos en los que puedan estar produciéndose situaciones de desigualdad o discriminación y sobre los que deberá actuar el plan de igualdad.
El incumplimiento del deber de elaborar y aplicar un Plan de Igualdad supone una infracción grave, sancionable con una multa de 626 a 6.250 euros. Si la obligación de realizar el plan de igualdad es por exigencia de la autoridad laboral (Inspección de Trabajo), entonces se considera como falta muy grave y, entonces la sanción puede ser de 6.251 a 187.515 euros.
Además, en caso de incumplimiento, también puede haber repercusiones negativas en otros ámbitos, como las siguientes:
a) Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y
b) Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante seis meses.
c) En virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, las empresas que no tengan un plan de igualdad o que no lo cumplan no podrán contratar con la Administración Pública.