La entrada en vigor de la cotización por tramos se prevé para el 1 de enero de 2023.
El Gobierno quiere implantar una cotización basada en los ingresos reales de los trabajadores autónomos, a través de un modelo fijo y permanente en el tiempo, tratando en cualquier caso de no producir distorsiones significativas, ni para los autónomos ni para la gestión administrativa de la cotización.
La negociación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del nuevo sistema con los agentes sociales y principales asociaciones de autónomos está siendo complicada debido a la complejidad que supone la reforma, por lo que el Ministro ha anunciado que no se aplicará hasta 2023, y que se prevé abrir un periodo transitorio de nueve años en el que valorar su eficacia y así poder realizar las oportunas correcciones. Habrá revisiones periódicas cada tres años, en las que el Ejecutivo y el resto de agentes negociadores, podrán acordar, en su caso, acortar los plazos para la implantación definitiva.
La intención es que la cuota siga siendo voluntaria y que el trabajador autónomo regularice su cotización cada año, al final de su ejercicio fiscal (cuando se determinen los verdaderos ingresos reales). Asimismo, se podrá cambiar de base de cotización seis veces cada año, para ir ajustándola a los rendimientos netos.
Este Sistema no está exento de problemas, como el de las dificultades técnicas que va a encontrar la Agencia Tributaria para averiguar los rendimientos netos de todos los trabajadores autónomos, en especial en los casos de los autónomos que no tribute en el Sistema de estimación directa. También se ha destacado la necesidad de instaurar mecanismos que eviten prácticas irregulares como el «efecto frontera»: es decir, que el interesado pueda trasladar ingresos a ejercicios posteriores para no superar un determinado tramo y soslayar el abono de una cuota superior, o intentar evitar que este sistema de cotización por ingresos reales no alimente una economía sumergida.
El Ejecutivo ha previsto que en 2022 se establecerán las bases de este mecanismo y se encauzará la información que necesiten los autónomos sobre sus rendimientos netos para ir encuadrándolos en los tramos de cotización, para que el 1 de enero de 2023 comience la aplicación del nuevo sistema.
El nuevo modelo se articulará en torno a trece tramos de cotización, a los que se vinculará una cuota de entre 90 y 1.120 euros, en función del nivel de ingresos del autónomo.
El Gobierno ha configurado su propuesta del siguiente modo:
A modo de ejemplo, para el año 2030, los trabajadores autónomos cuyos rendimientos netos superen 17.000 euros abonarán una cuota superior a la establecida como mínima en la actualidad (289,98 euros).
Según el Gobierno, el mayor impacto de este nuevo sistema afectará a los autónomos que perciban ingresos elevados, como los autónomos societarios o los miembros de Consejos de administración, lo que redundaría en las arcas del Estado.
También se ha filtrado que, según algunos cálculos, las nuevas medidas supondrían un 20% más de ingresos procedentes de los autónomos, lo que conduciría a una mejora de las prestaciones por cese de actividad y de las pensiones de jubilación satisfechas por la Seguridad Social. En este sentido hay que tener en cuenta procurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones ante el incremento del número de jubilaciones que se esperan en las siguientes décadas.