Las consecuencias del colapso administrativo que existe el Fondo de Garantía Salarial puede salir muy caro si se consolida la opinión del Juez de lo Social número 15 de Valencia, que ha condenado a este organismo a abonar una prestación por salarios no cobrados, que inicialmente había denegado a la plantilla de una empresa, tardando 10 meses en responder. El Juez interpreta en su Sentencia, que este caso de silencio administrativo, pasados los tres meses que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo, debe considerarse positivo, por lo que no cabe después una resolución en sentido contrario.

Lo novedoso del fallo, se refleja en que la condena se produce porque el Fogasa incumplió su «obligación de dictar resolución expresa» en el plazo de tres meses, ya que, según el fallo, «en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatorio del mismo», y en esta ocasión la resolución del Fogasa se produjo diez meses después de la solicitud y no fue confirmatoria.

En opinión nuestra opinión, si él pronunciamiento en instancias superiores no se revoca, «podría extenderse a miles de expedientes presentados en toda España», ya que el estado de colapso y la lentitud del Fogasa a la hora de resolver sus Expedientes impresionante, por falta de medios, con retrasos de hasta 15 meses en la Comunidad de Madrid.