El Consejo de ministros ha aprobado hoy las ‘licencias exprés’ para reducir la burocracia a los comercios que esperan una licencia municipal.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Entre las medidas a las que se ha dado luz verde el Gobierno se encuentra la normativa que sustituirá al actual sistema de licencias municipales para abrir un pequeño comercio por otro denominado de «autolicencia exprés» que persigue reducir los plazos de apertura de un establecimiento comercial.
«La medida busca apoyar a los emprendedores, se les pone la alfombra roja para que puedan abrir su negocio», ha dicho Saénz de Santamaría.
Se trata de un cambio completo de modelo que reducirá los plazos actuales, que oscilan entre los 6 y los 18 meses, para la obtención de licencia, que se sustituye por un sistema ‘a posteriori’, que requerirá un plan municipal de inspección, según avanzó recientemente el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
La pequeña empresa deberá firmar una comunicación declarando que cumple la normativa y acompañarla de un informe técnico expedido por un profesional acreditado. De este modo, podrá abrir al día siguiente de la presentación de la documentación y del pago de las correspondientes tasas, por lo que, en la Secretaría de Estado de Comercio prefieren denominarla de ‘autolicencia’ exprés.
Pese a que inicialmente se pensó limitar a establecimientos titularidad de un autónomo o pymes, finalmente, las grandes empresas también podrán acogerse al mecanismo, siempre que la superficie de la sala de venta del local no exceda los 300 metros cuadrados, aunque la vicepresidenta ha asegurado que esta extensión podría ampliarse.
El Ejecutivo prevé tener en marcha esta «licencia exprés» antes del verano. Según han señalado fuentes gubernamentales a Europa Press, la eliminación de las autorizaciones municipales previas a la apertura de un local cuenta con un «amplio consenso» del sector y las comunidades autónomas y responde al objetivo de crecimiento «puro y duro» y no de recorte para mantener la actividad y con ello la creación de empleo.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende simplificar el proceso burocrático para recuperar el tejido comercial y reactivar un sector que acumula una caída de ventas del 17,5% en los últimos cuatro años. Desde el año 2000, el comercio al por menor ha pasado de 617.000 a 606.000 establecimientos.
La nueva regulación será aplicable a las pymes, incluidas franquicias, con un local inferior a 300 metros cuadrados dedicado a la distribución alimentaria o a otras actividades especializadas como artículos de deporte, floristerías, equipamiento del hogar, droguerías, tintorerías o centros de estética, entre otros.