El Tribunal Supremo en una reciente sentencia el 29 de septiembre de 2023 (recurso de casación nº 4542/2021), ha establecido que la Administración tributaria no tiene permiso para examinar documentos en dispositivos electrónicos, específicamente ordenadores personales, salvo en ciertas situaciones y siempre bajo estricta supervisión judicial.
Con esta decisión, del Supremo anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que avaló el auto dictado por un juzgado para la autorización de entrada y acceso al ordenador. En este caso, se permitió el acceso al ordenador del recurrente, considerando que un ordenador era equiparable a un domicilio.
Entendieron en este caso, los órganos judiciales, que el régimen previsto para la autorización de entrada en domicilio es equiparable al acceso y tratamiento de la información almacenada en dispositivos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, memorias, etc.). Hoy, en tu asesoría en Madrid, veremos todos los detalles al respecto.
Doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo
Con la sentencia del Tribunal Supremo, se han establecido claramente, los límites para examinar documentos en dispositivos electrónicos. Por este motivo, la entrada y registro de domicilios constitucionalmente protegidos no pueden autorizar el copiado, precinto, captación, posesión o utilización de los datos contenidos en un ordenador. Estas normas se extienden a aquellas otras actuaciones administrativas que tengan por objeto el acceso y tratamiento de la información almacenada en dispositivos electrónicos protegida por los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y al secreto de las comunicaciones.
Se ha equiparado la autorización judicial para entrar en un domicilio con la autorización para obtener datos informáticos relevantes para Hacienda. No obstante, la Inspección debe seguir criterios de necesidad, adecuación y proporcionalidad al examinar los datos.
Se establece la siguiente jurisprudencia:
1) Limitaciones en reglas de competencia y procedimiento
Respecto a las reglas de competencia y procedimiento que la ley procesal establece para la autorización judicial de entrada en domicilio constitucionalmente protegido, no son adecuadas para autorizar el acceso a datos en un ordenador cuando esta actividad se produce fuera del domicilio y puede afectar a otros derechos fundamentales.
2) Exigencias de necesidad, adecuación y proporcionalidad
Se establecen las exigencias de necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida se aplican a las actuaciones administrativas que tengan por objeto el acceso y tratamiento de la información almacenada en dispositivos electrónicos.
3) Evaluación por parte del juez de la autorización
Dichas exigencias deben ser evaluadas por el juez de la autorización, y la Administración no puede basarse únicamente en su relato, sino que debe someter la información a un mínimo contraste y verificación.
Prioridad de los derechos fundamentales
La protección de los derechos fundamentales prima sobre el ejercicio de potestades administrativas, especialmente ante la falta de una regulación legal completa, directa y detallada.
Colaboración con la Inspección
Es importante destacar que la colaboración con la Inspección es esencial, y cualquier solicitud de información debe ser atendida de manera oportuna y completa, siempre que sea legalmente requerida.