El pasado mes de Febrero el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,  presentó un plan de empleo a UGT y CC OO cuya medida estrella era un “programa piloto por el que las oficinas públicas de empleo captarán vacantes en las empresas de su zona”.

Casi al mismo tiempo, según apuntan tres fuentes distintas, llegaba a las 42 oficinas de empleo de la región un documento, titulado “Procedimiento Común De Gestión Del Plan De Objetivos 2013 De Las Oficinas De Empleo”. En ese informe, de 11 páginas, se daba una instrucción clara: “Las citaciones a ofertas de empleo u otros programas […] serán dirigidos preferentemente a demandantes de perceptores de prestaciones”.

En el siguiente párrafo se habla del proyecto piloto que González presentó a los sindicatos, e igualmente se precisan las cuatro oficinas seleccionadas (Azca, Legazpi, San Sebastián de los Reyes y Getafe II) y se especifica que su aplicación “se extenderá durante el primer semestre del año”.

Poco más adelante en el contenido del Informe, se detalla el colectivo al que se dirige el programa, (algo que no se mencionó en la presentación pública del Plan de Empleo ni en el resumen que Ignacio González entregó a los Sindicatos en Febrero: “Dentro del objetivo estratégico de actuación con perceptores de prestaciones, subsidios, RAI [Renta Activa de Inserción] y Prepara sin APE [Acuerdo Personalizado de Empleo], durante el primer semestre de 2013 se priorizará a demandantes de empleo con un rango de edad entre 20 y 45 años y con un nivel formativo mínimo de enseñanzas de Bachillerato”.

Como consecuencia de dichas directrices marcadas por el Gobierno de la Comunidad, las pocas ofertas que llegan en estos momentos a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid se ofrecen primero a los parados que están cobrando algún tipo de prestación, tienen entre 20 y 45 años y, al menos, han estudiado, Bachillerato, según los documentos que el Gobierno de Ignacio González ha remitido a estas oficinas. Con esta orden, la Comunidad deja fuera a desempleados que, aunque se adaptan al perfil demandado por el empresario, se encuentran en peor situación porque llevan tanto tiempo sin trabajo que han agotado las ayudas o tienen un nivel formativo que les abre la puerta a menos ofertas de empleo., con la única finalidad de reducir el coste de las prestaciones abonadas por el Servicio de Empleo, en detrimento de los Derechos Laborales y del acceso al empleo de los colectivos en igualdad de oportunidades.

Esta situación, se aleja diametralmente de las directrices marcadas por el Ministerio de Empleo, dado que los esfuerzos del Gobierno Central, se enfocan en políticas de empleo sobre los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, y mayores de 45 años, colectivos para los que resulta más difícil volver a encontrar un trabajo una vez se quedan sin empleo.

Por último, según denuncian varios funcionarios del Servicio Público de Empleo adscritos a las oficinas citadas, desde el Gobierno regional, se han cursado por primera vez para alcanzar un cupo mínimo de sanciones impuestas a los parados con prestación. Estas pueden estar motivadas por no sellar a tiempo la renovación del subsidio, no presentarse ante un requerimiento de la oficina o rechazar una oferta de empleo, por ejemplo. «A cada sancionado le quitas un mes de prestación», aseguran las fuentes, lo que equivaldría a una primera infracción leve.

Ante toda esta polémica, desde la Consejería de Empleo se ha manifestado que se trata de un criterio experimental y que no implica desatender al resto de los parados.